El consejo de Eretza decide recurrir la sentencia sobre el local de la construcción de ACR en Lutxana

El consejo de Eretza, sociedad urbanística municipal de Barakaldo, ha acordado esta mañana, tras escuchar las recomendaciones de la abogada, recurrir la sentencia judicial referente al local de ACR en la urbanización levantada en los terrenos de la antigua Sefanitro, en Lutxana.

Los antecedentes de este asunto se remontan al año 2013, cuando una sentencia firme del Tribunal Supremo anuló el Plan Urbanístico de Sefanitro, obligando a reducir los metros cuadrados edificables en el proyecto. Esta decisión del Tribunal Supremo afectó directamente a las lonjas previstas en los bajos de los edificios que no podían destinarse a uso comercial o lucrativo, sino que debían ser cedidas de manera gratuita al Ayuntamiento.

En fecha 15 de febrero de 2013 el consejo de Eretza acordó vender una parcela de ese terreno a la constructora ACR en un precio determinado. Sin embargo, sin contar con la aprobación del Consejo y sin dar cuenta de ello, el anterior presidente de Eretza y concejal socialista de urbanismo, Jesús María González Suances, firmó un acuerdo con la constructora para compensarles por la pérdida de las lonjas, que se ha cuantificado en casi 400.000 euros ahora, en la sentencia dictada por el Juzgado de la que se ha dado cuenta esta mañana en el consejo.

Existen motivos legales y jurisprudencia aplicable para no aceptar la legalidad de ese acuerdo, que no fue consentido ni conocido por el Consejo de Administración de Eretza. Por ello, se planteó la oposición a la reclamación de la promotora, y por ello ahora el consejo ha decidido recurrir.

Actitud incomprensible del PSE

No se entiende cómo los consejeros socialistas han manifestado públicamente, antes incluso de la celebración del Consejo, su alegría por el resultado de la sentencia que, aunque no es definitiva, condena a Eretza, a pagar casi 400.000 euros por unos locales que, para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, el ayuntamiento debía recibir de forma gratuita.

Además han realizado manifestaciones públicas desvelando datos y documentos que se iban a someter a la decisión del Consejo de Administración, y que podrían perjudicar el resultado del recurso que se ha decidido plantear, vulnerando así su deber de confidencialidad.

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