En un comunicado, el gobierno jeltzale ha respondido, de esta forma, al grupo municipal del PSE-EE, que este miércoles ha acusado a la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, de "aumentar en 165.000 euros el gasto en servicios postales de manera irregular, superando en un 45% el límite legal para gastar en correspondencia".
El ejecutivo municipal ha destacado que "ha sido en esta legislatura en la que por primera vez BARAKALDO ha contado con un servicio postal regularizado y realizado con su correspondiente licitación". Según ha indicado, el contrato tiene una vigencia de dos años con una posible prórroga de dos años, y se estimó el gasto anual "en base a los gastos producidos en el servicio postal durante los años 2012 y 2015".
Tras explicar que el Ayuntamiento "tiene la obligación legal de notificar vía carta a la ciudadanía sobre notificaciones administrativas", ha señalado que este año se ha aumentado el número de notificaciones "como consecuencia de un aumento de licencias y prestaciones de servicios diversos, que, según la ley de procedimiento, se tienen que notificar a domicilios".
Además, ha recordado que el pleno aprobó una nueva ordenanza fiscal en la que se realizaba un recargo en el IBI de la vivienda vacía, "un recargo que la propia Ley exige que se informe mediante notificación domiciliaria".
Así mismo, ha señalado que el Ayuntamiento ha informado por carta a los jóvenes de BARAKALDO, "potenciales perceptores de las ayudas para la emancipación" para que pudieran presentar la solicitud pertinente y beneficiarse de estas subvenciones.
El gobierno del PNV ha precisado que el contrato "permite un aumento del límite de gasto del 10%, pero la previsión inicial sobre el gasto en el servicio se ha visto desbordada por estas circunstancias imprevisibles al inicio de hacer el cálculo del contrato, por el que ha sido necesario aumentar el gasto para cumplir con las obligaciones legales del Ayuntamiento". En todo caso, ha anunciado que se está trabajando en un nuevo pliego del servicio.
Por último, el equipo de gobierno ha dicho no entender "la mordaza a la que el PSE quiere someter al Ayuntamiento, evitando que los vecinos sean informados".