Una de las empresas que optaba al servicio de Vigilancia recurre la adjudicación ante el OARC

El Ayuntamiento de Barakaldo acaba de conocer esta mañana que una de las empresas que optaba a gestionar el servicio de Vigilancia en centros educativos, salas de estudios, casas de cultura…. (servicio de conserjes) ha interpuesto un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales. De esta manera, la adjudicación del contrato se paralizará durante un máximo de dos meses, tiempo en el que el órgano estudiará las alegaciones presentadas por la empresa y emitirá una resolución.

El servicio de Vigilancia, en cambio, seguirá prestándose con total normalidad para la ciudadanía, controlando entre otras cuestiones, el programa de Patios Abiertos. Al parecer, la empresa que ha realizado el recurso alega que se solicita un servicio de vigilancia sin exigir que las empresas que lo prestan estén dadas de alta en el servicio de empresas de seguridad del Estado, que son aquellas que prestan servicio de Seguridad Privada y pueden portar armas. En este caso, el servicio que saca a la licitación el Ayuntamiento es un servicio de Vigilancia, en el que bajo ningún concepto los vigilantes pueden prestar el servicio con armas, ya que se encuentran en centros educativos y culturales.

El OARC tiene ahora un plazo máximo de dos meses para estudiar el recurso y ver si da la razón o no a la empresa. En caso de que el OARC rechace el recurso, el Ayuntamiento formalizará la adjudicación del servicio de Vigilancia.
Práctica habitual de las empresas al ser un servicio gratuito

La interposición de recursos ante la OARC se ha convertido en una práctica habitual entre las empresas que pretenden optar a gestionar un servicio o realizar una obra. El OARC fue creado en 2011 por el Gobierno vasco, con la vocación de atender la totalidad de recursos especiales en materia de contratación, reclamaciones, y cuestiones de nulidad que se interpongan en contratos de su competencia. Se trata de un servicio gratuito para las empresas, que actúa y decide con mayor rapidez que un juzgado, por lo que las empresas que optan a contratos públicos hacen uso de él.

De hecho, en lo que va de legislatura se han interpuesto 11 recursos frente al OARC, uno de ellos el referido al contrato de Vigilancia de centros escolares, salas de estudios y casas de cultura. En la anterior legislatura, con gobierno socialista, las empresas que optaban a gestionar los contratos municipales presentaron 14 recursos ante la OARC.

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